La Corte Constitucional dictó 13 órdenes tras el estudio realizado por la Sala Especial de Seguimiento a la sentencia SU-020 de 2022, en la cual se identificaron graves violaciones a los derechos humanos de los firmantes del Acuerdo de Paz, también conocido como un estado de cosas inconstitucional. Estas órdenes buscan subsanar las fallas que impiden el buen funcionamiento del Sistema de Prevención y Alerta para la Reacción Rápida.

Según mencionó la alta corte, el propósito principal de este Sistema es el de “advertir anticipadamente los riesgos de que ocurran violaciones a la vida, integridad, libertad, seguridad personal, libertades civiles y políticas e infracciones al Derecho Internacional Humanitario, para que el Estado responda oportunamente y así evite que los riesgos se conviertan

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