En lo que representa una advertencia a las entidades estatales, el Tribunal de Contrataciones Públicas emitió una resolución en la que establece que está prohibido otorgar la buena pro a empresas proveedoras cuyos propietarios, accionistas o ejecutivos, se encuentran cumpliendo sentencias por delitos de corrupción en agravio del Estado.

Una investigación de La República reveló que la Municipalidad de San Isidro contrató a la compañía Industrias Argüelles Servicios Generales por S/47 millones de soles, pese a que el dueño de la empresa, Aniceto Argüelles Loayza, aceptó haber intentado sobornar a una jueza , por lo que se le condenó a cuatro años de prisión suspendida.

La exrepresentante y exgerente de la misma compañía, Karen Pasco Flores, también fue sentenciada a cuatro años d

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