Emmanuel Macron aceptó ayer dar marcha atrás en la simbólica –y polémica– reforma de las pensiones aprobada en el 2023, que elevó de 62 a 64 años la edad legal de jubilación. Se trata, si se materializa, de una gran concesión a la izquierda y a los sindicatos con el objetivo de apuntalar al frágil Gobierno y, sobre todo, evitar unas elecciones anticipadas que no garantizarían dar estabilidad a una Francia políticamente muy fracturada.

El primer ministro dimisionario, Sébastien Lecornu, muy próximo al jefe de Estado, fue el encargado de negociar el compromiso, contrarreloj, con los socialistas, los ecologistas y los comunistas. En el sistema francés, muy presidencialista, está claro que un acuerdo de esta trascendencia solo puede producirse con el aval de Macron.

La última reforma de las

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