El caos de la política del Gobierno de España con la inmigración ilegal está generando situaciones impensables hace algún tiempo, como que una autonomía envíe a otra expedientes de menores no acompañados (menas) para su acogimiento en esta última, cuando los jóvenes tienen familia en su Comunidad de origen o en una tercera , pero no en la Valenciana, a donde no quieren ir. Y, también, casos de menores con trabajo en la autonomía de origen que, por ese motivo, no quieren abandonar.

Ante todo ello, la Generalitat Valenciana ha decidido interponer recursos contencioso administrativos en los tribunales contra las resoluciones de reubicación y traslado de esos menores que no sean notificadas. El Gobierno valenciano toma esta medida para evitar los perjuicios que esos traslados pudieran ocasionar a los niños y jóvenes afectados. La decisión es tan firme que la Abogacía de la Generalitat ya cuenta con la autorización pertinente para ello del propio Consell, que preside Carlos Mazón.

El Gobierno valenciano ha adoptado esta decisión tras detectar en el transcurso de la comprobación de los expedientes de otras autonomías que les llegan situaciones como la de tres menores que cumplen la mayoría de edad este mes de octubre y que, en consecuencia, quedan en días fuera del sistema .

Pero, también la de menores que manifiestan que quieren ir a otras autonomías porque allí tienen familias , pero a quienes se les pretende derivar a territorio valenciano, con lo que según las fuentes consultadas la actuación no está motivada para dar prioridad a la reagrupación familiar. Una circunstancia que siempre es de enorme importancia en el caso de los menores.

En concreto, la Consellería de Servicios Sociales ha detectado hasta 13 menores en esta última situación entre los 47 expedientes  que les han sido enviados hasta el momento desde Canarias (28), Ceuta (15) y Melilla (4). y, entre ellos, tres hermanos que no están conformes con su reubicación y solicitan quedarse en Melilla por la proximidad de la familia de origen. Además, en alguno de los casos consta que el menor tiene trabajo. Y, sin embargo, a pesar de llo, deciden trasladarlo.

Por todo ello, la Consellería de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda ha puesto en marcha la medida ahora avalada por el Pleno del Consell y ya en manos de la Abogacía de la Generalitat Valenciana: la de recurrir ante los tribunales todas esas resoluciones de reubicación y traslado.

Según fuentes de la propia Consellería, los recursos se sustancian en base a una posible vulneración del interés superior del menor , porque hay expedientes que se llegan sin la aportación de la documentación imprescindible para que los servicios sociales valencianos puedan valorar realmente la situación del menor. Y se limitan a reproducir la resolución dictada por el delegado del Gobierno correspondiente, pero sin contener una valoración individualizada de las necesidades del menor y de las circunstancias concretas.

Además, de la información que se facilita, tampoco se informa acerca de si se ha valorado, de manera prioritaria la oportunidad de iniciar un procedimiento de repatriación del menor afectado a su lugar de origen , de acuerdo con lo que prevé el artículo 35 de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social.