La marcha en solidaridad con Palestina en Medellín, que debía ser una jornada pacífica, terminó en escándalo nacional tras las agresiones de los gestores de seguridad y convivencia de la Alcaldía contra manifestantes. Los hechos dejaron heridos y múltiples denuncias de abuso de poder, al punto de que la Defensoría del Pueblo advirtió que podrían calificarse como violaciones de derechos humanos .

La Defensora del Pueblo, Iris Marín , fue enfática al señalar que los gestores no están autorizados para usar la fuerza ni para disolver protestas , ya que esas funciones corresponden exclusivamente a cuerpos especializados como la Policía o el UNDEMO, siempre bajo criterios de proporcionalidad, necesidad y respeto a los derechos fundamentales. Para Marín, la protesta pacífica es un derech

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