Familiares y colectivas feministas denunciaron presuntos actos de violencia vicaria en el proceso judicial contra María Guadalupe González Martínez, conocida como Lupita, quien enfrenta una sentencia por secuestro en agravio de la actual pareja de su expareja y padre de sus hijos.

El caso, aseguraron, es consecuencia directa de haber exigido pensión alimenticia y la custodia legal de sus dos menores.

Según su familia, los procesos en su contra comenzaron tras iniciar en 2021 una demanda para garantizar el sustento y la convivencia con sus hijos.

En los meses siguientes, se abrieron tres carpetas de investigación, una por tentativa de feminicidio, otra por abuso sexual contra uno de los menores y una más por secuestro, esta última la que derivó en sentencia.

En las dos primeras fue absu

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