HETUMAL, MX.– El colectivo Sélvame del Tren considera una amenaza sin precedentes contra los derechos ciudadanos, el proyecto de jurisprudencia impulsado en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que busca restringir la posibilidad de que asociaciones civiles interpongan amparos colectivos en defensa del medio ambiente. El pronunciamiento publicado por el colectivo alerta que la propuesta presentada por la ministra, Yasmín Esquivel Mossa, podría cerrar la puerta a la justicia ambiental para millones de mexicanos. La misiva señala que más de 30 organizaciones civiles de todo el país se sumaron al llamado de alerta. De acuerdo con el posicionamiento difundido, el proyecto plantea limitar el llamado “interés legítimo” que hoy permite a agrupaciones sociales promover juicios de amparo sin necesidad de demostrar afectaciones directas y personales. Este principio ha sido clave para frenar obras contaminantes, evitar el desmonte de selvas y exigir acceso al agua potable en zonas vulnerables. Sin embargo, de aprobarse la propuesta de la Corte, Sélvame del Tren asegura que tendrían que acreditar daños específicos sobre sus integrantes o su patrimonio, lo cual haría prácticamente imposible intervenir en defensa de derechos colectivos y del entorno natural. La organización advirtió que este nuevo criterio no solo representa un retroceso jurídico, sino que tendría consecuencias reales para la población. Señala que limitar los amparos ambientales implicaría reducir la capacidad de frenar actividades contaminantes, lo que derivaría en mayor deterioro del aire, el agua y los ecosistemas en general. “El acceso a un medio ambiente sano no es un privilegio; es un derecho humano reconocido por la Constitución”, menciona el comunicado. “Si se impide a la ciudadanía acudir a tribunales para defenderlo, se abre la puerta a prácticas depredadoras que pondrían en riesgo la salud de las comunidades”. Uno de los puntos más sensibles, refieren es el derecho al agua. Recordó que, en numerosas regiones del país, especialmente en la Península de Yucatán, los mantos freáticos se encuentran en peligro por el crecimiento urbano desordenado y el uso excesivo de agroquímicos. Entonces, restringir los amparos sería “una sentencia contra la seguridad hídrica de las futuras generaciones”, indicó. Ante este escenario, la organización pidió de manera urgente a la ciudadanía a no permanecer indiferente. “Es imperativo que la sociedad civil y todos los interesados en proteger el medio ambiente nos unamos para rechazar la propuesta”, añade. Aseguró que limitar la participación de organizaciones ciudadanas en procesos legales no solo afecta la protección del medio ambiente, sino que también debilita los principios democráticos del país. Si se impide que los colectivos cuestionen decisiones gubernamentales o empresariales, se favorece un modelo en el que prevalece el interés privado sobre el bien común. “Un sistema que silencia a organizaciones civiles limita posibilidades de un desarrollo sostenible y perpetúa un modelo que prioriza el interés privado y/o gubernamental, sobre el bien común”, advirtió. El proyecto que genera polémica se discute en el marco de la contradicción de criterios 217/2021, misma que busca definir si las asociaciones civiles pueden o no promover amparos con base únicamente en el objeto social contenido en sus actas constitutivas. Reiteran que la ministra propone que ese argumento ya no sea válido y que, en su lugar, las organizaciones deban demostrar afectaciones personales y verificables para acreditar interés legítimo. Ello contravendría decisiones previas de la propia Corte, que históricamente ha reconocido la importancia de permitir la participación de las organizaciones en causas de derechos humanos, educación o migración. De aprobarse esta postura, miles de colectivos en México quedarían sin herramientas legales para frenar obras y políticas que afecten el medio ambiente, pues en muchos casos los daños ecológicos son difusos o se manifiestan a largo plazo, lo cual dificulta su comprobación directa en un solo individuo. La organización cuestiona la intención de modificar el único instrumento con el que cuentan los ciudadanos para hacer valer sus derechos. “Si se elimina la posibilidad de presentar amparos colectivos, ¿qué recurso legal nos queda?”, plantearon. Además, hicieron hincapié en que el amparo no es un privilegio de abogados o élites, sino una herramienta ciudadana que ha permitido frenar desde tala ilegal hasta emisiones tóxicas en diversas regiones del país. “La salud de la población, el derecho al agua y la necesidad de un medio ambiente sano deben ser el centro de las políticas públicas, no una concesión sujeta a criterios judiciales restrictivos”, concluye el comunicado. Para los activistas, la discusión en la Suprema Corte no debe verse como un simple debate técnico, sino como una definición de rumbo para el país. “Lo que está en juego no es solo un criterio jurídico, sino la posibilidad de que los ciudadanos sigamos siendo guardianes de nuestro entorno”. Hasta el momento, la SCJN no ha fijado fecha definitiva para la resolución del caso. Sin embargo, las organizaciones defensoras del medio ambiente no descartan promover juicios de amparo por violaciones al derecho al medio ambiente sano. (Agencia SIM)