El Tribunal Constitucional analiza vetar las ventajas fiscales que ofrecen los gobiernos autonómicos a las empresas cuyos domicilios sociales estén en su territorio frente a las que los tienen en otra comunidad. Un caso acaecido en Canarias marca el precedente que estudia el Constitucional, cuando en 2012 el Ejecutivo canario implantó un impuesto sobre los depósitos bancarios que establecía una deducción del 50% sobre la base imponible a las entidades con domicilio social en las Islas.

Varios años después este tributo fue declarado inconstitucional porque vulnera el principio de igualdad y la libre circulación de bienes y personas por todo el territorio nacional. Un caso reciente en Galicia vuelve a poner de actualidad un asunto que no afecta al Régimen Económico y Fi

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