El Proyecto de Ley del Presupuesto Público 2026 refuerza una tendencia de asignación que prioriza el gasto rígido (gastos en sueldos y pensiones, difíciles de ajustar durante el año) en detrimento de la inversión. Si bien el total crece solo 2,3% para resguardar el espacio fiscal, se propone un aumento de 12% en remuneraciones, que se compensa con una contracción de 13% en la inversión total.

Esta asignación no obedece únicamente a una decisión técnica, sino que responde a un entorno institucional debilitado, donde el MEF ha perdido capacidad para ejercer control sobre decisiones de alto costo. Entre 2023 y 2025 se han publicado 49 leyes que incrementan remuneraciones, de las cuales un tercio fueron promulgadas sin observación del Ejecutivo.

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