“Escúchenme”, dijo un niño. Y esa palabra sencilla, que a veces pasa desapercibida entre tanto ruido adulto, fue suficiente para detener el trámite, cambiar el rumbo, abrir una puerta. Porque cuando un niño habla, el Estado no puede hacer silencio. Y quienes trabajan en el sistema de protección de derechos, menos aún.

Escuchar no es un gesto: es un mandato jurídico, ético y político

En Argentina, las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a ser oídos y tenidos en cuenta cada vez que se toman decisiones que afectan su vida. Así lo establecen la Convención sobre los Derechos del Niño (art. 12), con jerarquía constitucional; la Ley Nacional 26.061 (y su correlato provincial, la Ley 12.967), que definen el derecho a ser escuchado como parte del interés superior del niño y el Código Civil

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