La agenda fiscal aplicada a los trabajadores autónomos en 2025 se ha convertido en un campo de tensión entre los principios de equidad contributiva y la lógica de sostenibilidad financiera del sistema de protección social. La reciente subida de las cotizaciones al RETA y la falta de transposición de la Directiva (UE) 2020/285, relativa a la franquicia del IVA para ingresos inferiores a 85.000 euros anuales, configuran un escenario normativo contradictorio, con implicaciones negativas tanto en términos de eficiencia económica como de justicia distributiva.

Esta doble decisión, lejos de avanzar hacia una fiscalidad más justa y eficiente, a menaza con debilitar de nuevo a la clase media en la que se insertan la mayoría de los autónomos. En el contexto actual, el autoempleo representa

See Full Page