La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) llevó a cabo su primera audiencia pública para escuchar a personas con discapacidad. Este evento se centró en la propuesta de la ministra Lenia Batres, quien sugirió invalidar un criterio que ha estado en vigor desde 2016. Este criterio ha permitido la invalidación de 50 leyes por no haber consultado a los grupos de personas con discapacidad. Sin embargo, la ministra argumentó que en 47 de esos casos se ampliaban los derechos de estas personas, mientras que solo en tres se restringían. Durante la audiencia, Batres afirmó que el pleno ya había votado sobre este criterio, pero sus colegas la corrigieron, indicando que la decisión aún no estaba tomada. Esta audiencia marcó un hito, ya que fue la primera vez que la Corte abrió su sede central para dialogar con ciudadanos y organizaciones de la sociedad civil sobre un tema tan relevante. A pesar de la importancia del evento, se evidenciaron las dificultades que enfrentan las personas con discapacidad para asistir, debido a problemas laborales y de transporte. Esther Díaz, de la asociación de mujeres unidas por la inclusión, expresó su preocupación ante un posible cambio en el criterio. "Su validez depende de que su contenido afecte o no los derechos sustantivos de esa población", afirmó. Díaz también destacó que al cambiar el enfoque hacia el contenido de la norma, se podría generar un vacío que debilitaría el cumplimiento de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Esta convención obliga al Estado mexicano a realizar consultas activas y efectivas con las personas con discapacidad antes de adoptar medidas legislativas que puedan afectarlas. Por su parte, Miguel Ángel Miranda, de la Alianza Morelense de asociaciones en favor de las personas con discapacidad, consideró que la propuesta de Batres podría ser regresiva. "Es complicado reunir a un grupo de personas, incluso para impugnar", señaló. La audiencia dejó claro que el diálogo sobre los derechos de las personas con discapacidad es fundamental y que se deben considerar sus voces en el proceso legislativo.