La decisión del Poder Ejecutivo de promulgar pero suspender la aplicación de las leyes de Financiamiento Universitario y Emergencia Pediátrica , replicando el mecanismo ya utilizado con la Emergencia en Discapacidad , desató una ola de críticas políticas y sociales.

Desde distintos bloques del Congreso salieron al cruce del decreto y calificaron la maniobra como un acto de “crueldad institucional” y “violación constitucional” . Los legisladores coincidieron en que el Gobierno busca eludir la aplicación de leyes sancionadas por amplia mayoría, vulnerando la división de poderes.

El centro de las críticas estuvo puesto en el presidente Javier Milei , el jefe de Gabinete Guillermo Francos , la ministra de Capital Humano Sandra Pettovello —encargada de las áreas de Sal

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