La causa penal involucraría a quienes ocuparon la presidencia del organismo en ese período: Pablo Grasso, Roberto Andrino, Daniel Copertari y María de los Ángeles Grasso, así como también a otros funcionarios que integraron los sucesivos directorios.

La denuncia sostiene que durante sus gestiones se habrían cometido irregularidades en licitaciones públicas y se habrían violado normas administrativas, lo que derivó en la posible comisión de delitos como administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, abuso de autoridad, violación de los deberes de funcionario público y encubrimiento.

Los hechos denunciados abarcan una serie de contrataciones observadas en los expedientes de obra pública, donde se detectaron errores graves en el Registro de Proveedores, omisiones en l

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