Hace cinco meses el Gobierno de coalición resucitó el diálogo para aprobar una regularización extraordinaria de inmigrantes. Se trata de una Iniciativa Legislativa Popular (ILP), impulsada por cientos de organizaciones civiles, que en la pasada legislatura pudo seguir su tramitación parlamentaria tras recibir los votos a favor de toda la Cámara, a excepción de Vox.

Desde entonces el debate sobre la inmigración ha acrecentado la tensión política y se ha endurecido en formaciones como el PP o Junts, preocupadas por la fuga de votosa su derecha (Vox y Aliança Catalana) y dibuja un escenario incierto para la regularización de unos 500.000 inmigrantes, según los primeros cálculos.

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