La diputada del PP catalán, Lorena Roldán , lanzó el anzuelo durante la última sesión de control en el Parlamento autonómico :

—¿Qué balance hace de su gestión al frente de la nueva Dirección General de Prevención y Protección de la Infancia y la Adolescencia?

La consejera de Derechos Sociales e Inclusión de la Generalitat , Mónica Martínez Bravo , respondió que hacía un balance «francamente positivo» y elogió la «reforma integral» de la citada dirección general que ha llevado a cabo.

De momento, a la Dirección General de Atención a la Infancia (DGAIA) le han cambiado el nombre. Ahora ha pasado a llamarse: DGPPIA (Dirección General de Prevención y Protección de la Infancia y la Adolescencia). Es lo primero que se hace cuando hay un escándalo de por medio.

Luego añadió que «este gobierno es el primero desde hace décadas que ha querido hacer un abordaje (sic) integral » del organismo en cuestión. O sea que no se ha hecho nada desde hace años.

Lorena Roldán contraatacó con la última noticia aparecida en prensa: que el Govern ha renovado el contrato a « la Fundación Resilis , investigada por un presunto fraude de prácticamente cinco millones de euros ». También recordó que el gerente de la misma «había sido concejal de Esquerra Republicana» y que después lo nombraron «nada más y nada menos que director de la DGAIA». «Puertas giratorias y contratos a dedo, menudo chollo tienen montado algunos», exclamó.

La titular del departamento, en su turno de réplica, no desmintió ninguna de las afirmaciones . Se limitó a decir que en «treinta segundos» no tenía tiempo de explicar su «reforma integral» y reiteró que todo era una «foto del pasado». De todas las herencias de Esquerra, ésta es seguramente la más pesada para Salvador Illa. Aparte de los doscientos altos cargos que no se ha atrevido a cesar.

Un informe de la Sindicatura de Cuentas ya reveló en su día que el gasto total de la DGIA en atención a menores — que incluye menas — fue de 944 millones de euros entre 2016 y el 2020 . Una cantidad, sin duda, desorbitada. Aunque el presupuesto de la Generalitat supere los 40.000 millones.

Luego intervino también la Oficina Antifraude por la denuncia de un antiguo trabajador de la fundación. Según la Sindicatura —el equivalente catalán al Tribunal de Cuentas—, las irregularidades alcanzan los 167 millones . Casi cinco son pagos indebidos a ex menas . Cada uno recibe casi 800 euros al cumplir los 18 años y dejar de estar bajo el paraguas de la Administración autonómica. La consejería hizo un amago de exigir la devolución de estas cantidades, pero al final ha desistido.

El caso afecta a cuatro ex consejeros : Dolors Bassa, Chakir El Homrani —ambos de Esquerra—, Violant Cervera, de Junts, y Carles Campuzano, que tras 26 años de diputado convergente en el Congreso se pasó a ERC. Amén de diversos altos cargos como el secretario general del departamento Josep Ginesta, ahora secretario general de la patronal Pimec. Y un histórico del partido, Oriol Amorós, que le sustituyó entre el 2021 y el 2024. También, por supuesto, al ex director general, Ricard Calvo, el ex concejal —en este caso por Gerona— al que aludía Lorena Roldán.

Pero lo peor de todo es la poca diligencia con que ha reaccionado el gobierno de Salvador Illa . Por mucho que le deba el cargo a Esquerra y sean sus socios parlamentarios. Da la sensación de que quieren enterrar el asunto. Porque, en política, no bastan las buenas palabras. O cambiarle el nombre a una dirección general. En caso de indicios de delito, el Govern tiene que ponerlo en manos de la fiscalía. Entre otras razones, porque la falta de denuncia ante los indicios de delito también puede ser delito.