La cartera sanitaria reconoció la deuda con los centros privados, pero recordó que el convenio vigente prohíbe suspender las prestaciones “por ningún motivo”. Reafirmó su voluntad de pago y advirtió que podría accionar legalmente si se interrumpe la atención.

El conflicto entre los centros privados de diálisis y el Ministerio de Salud Pública de Salta sumó un nuevo capítulo. Tras el duro comunicado de CEPRIDIASA, que denunció una deuda de más de 1.300 millones de pesos y advirtió la inminente suspensión de tratamientos, la cartera sanitaria respondió formalmente mediante una nota enviada el 23 de octubre a la comisión directiva de la asociación.

En el documento, el Ministerio recordó que el convenio suscripto con CEPRIDIASA establece la imposibilidad de discontinuar el servicio por falta

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