El sistema público de en España tiene, en la práctica, una fecha de caducidad anual. Las cotizaciones sociales que abonan los trabajadores en activo solo alcanzan para cubrir las prestaciones de los jubilados hasta el 1 de octubre de cada ejercicio. A partir de ese día, el pago de las mensualidades depende exclusivamente de los impuestos generales, una realidad que deja al descubierto un enorme agujero financiero y la fragilidad de un modelo que muchos dan por agotado.

De hecho, el problema es estructural. El sistema español se basa en un mecanismo de reparto, donde las aportaciones de hoy pagan las de hoy. No existe un fondo de capitalización real que asegure las pensiones del mañana, lo que pone en tela de juicio la sostenibilidad del modelo a largo plazo y genera una incertidumbre

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