La Procuraduría General de la Nación abrió indagación previa contra funcionarios por establecer de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios USPEC, por presuntas irregularidades en un contrato de alimentación para las Personas Privadas de la Libertad en la región oriente del país, por un valor superior a los $ 42 mil millones.

Se trata del bilateral suscrito para el suministro de desayuno, almuerzo, cena y refrigerio para las PPL que se encuentran en establecimientos penitenciarios, las estaciones de policía y centros transitorios de detención de la zona oriente, servicio a cargo del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) y la USPEC.

Una denuncia recibida por la Procuraduría habla de la presunta inexistencia de una planta de producción de los alimentos

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