La Policía Nacional ha dado por concluida una compleja investigación económico-patrimonial que ha culminado con la imputación judicial de cuatro directores de centros de menores extranjeros en Gran Canaria y Lanzarote, así como de un empresario inmobiliario y de la fundación encargada de gestionar dichos centros.

Las pesquisas, desarrolladas por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Jefatura Superior de Policía de Canarias, se iniciaron en 2022 tras la recepción de un informe del Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (SEPBLAC), dependiente del Banco de España.

Dicho informe advertía de multitud de operaciones bancarias injustificadas y extrañas vinculadas a los responsables de varios centros de acogida de

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