La Defensoría del Pueblo exige la liberación inmediata de los funcionarios de la Fiscalía General de la Nación y de la Policía Nacional secuestrados en Arauca desde hace varios meses. La entidad también expresó su rechazo y preocupación frente al anuncio del Ejército de Liberación Nacional (ELN) de someter a un supuesto “juicio revolucionario” a estos funcionarios.

“Las personas secuestradas, en este caso, son civiles pues, aunque prestan funciones de seguridad y justicia, no son combatientes, no pertenecen a las Fuerzas Armadas del Estado colombiano. Adicionalmente, la libertad fue condicionada a un llamado ‘canje humanitario’. Sin embargo, el deber de liberar a las personas secuestradas es inmediato y debe ser incondicionado”, dice un comunicado de la Defensoría.

Por su parte,

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