El asesinato de Bernardo Bravo Manríquez, presidente de la Asociación de Citricultores del Valle de Apatzingán, volvió a exponer la violencia que sufren los productores agrícolas en México a manos del crimen organizado.

Su muerte, ocurrida el 19 de octubre, es el reflejo más reciente del dominio que los grupos criminales ejercen sobre las regiones productivas del país, donde los agricultores viven bajo amenazas, secuestros y asesinatos por negarse a pagar el llamado “derecho de piso”.

Bravo encabezó la lucha contra esas extorsiones, que en Michoacán llegan a exigir tres pesos por cada kilogramo de limón producido. No hubo escoltas ni protección estatal que impidieran su tortura y asesinato.

Las autoridades locales, pese a conocer las denuncias, no pudieron o no quisieron intervenir. Día

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