RÍO DE JANEIRO (AP) — Aproximadamente 2.500 policías y soldados brasileños realizaron el martes una redada contra una banda de narcotraficantes en Río de Janeiro, durante la cual arrestaron a 81 presuntos delincuentes, lo que provocó tiroteos que dejaron al menos 60 sospechosos y cuatro policías muertos, dijeron las autoridades.
En la operación participaron agentes en helicópteros y vehículos blindados, y tuvo como objetivo la pandilla Comando Vermelho en las extensas favelas de Complexo de Alemao y Penha, dijo la policía.
Claudio Castro, el gobernador del estado de Río, indicó en un video publicado en la red social X que 60 presuntos criminales fueron “neutralizados” durante la redada, la cual describió como la operación más grande en la historia de la ciudad. También se arrestaron a unos 81 sospechosos, mientras que se incautaron 93 rifles y más de media tonelada de drogas, agregó el gobierno estatal, señalando que los fallecidos “se resistieron a la acción policial”.
La policía civil de Río dijo en X que cuatro agentes murieron en la operación del martes. “Los ataques cobardes de los criminales contra nuestros agentes no quedarán impunes”, afirmó.
Un número desconocido de personas también resultaron heridas.
El organismo de derechos humanos de las Naciones Unidas dijo que estaba “horrorizado” por la mortal operación policial, pidió investigaciones efectivas y recordó a las autoridades sus obligaciones bajo las leyes internacionales de derechos humanos.
César Muñoz, director de Human Rights Watch en Brasil, calificó los eventos del martes como “una gran tragedia” y un “desastre”.
“El ministerio público debe abrir sus propias investigaciones y aclarar las circunstancias de cada muerte”, dijo Muñoz en un comunicado.
Imágenes en las redes sociales mostraron fuego y humo elevándose desde las dos favelas mientras se escuchaban disparos. El Departamento de Educación de la ciudad dijo que 46 escuelas en los dos vecindarios fueron cerradas, y la cercana Universidad Federal de Río de Janeiro canceló las clases nocturnas y pidió a las personas en el campus que buscaran refugio.
Presuntos miembros de la banda bloquearon caminos en el norte y sureste de Río en respuesta a la redada, informaron medios locales. Al menos 70 autobuses fueron tomados y utilizados en los bloqueos, causando “daños significativos”, dijo la organización de autobuses de la ciudad, Rio Onibus.
La operación del martes se dio tras un año de investigación sobre el grupo criminal, afirmó la policía.
Castro, de extracción conservadora, dijo que el gobierno federal debería estar proporcionando más apoyo para combatir el crimen, una crítica a la administración del presidente izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva.
Gleisi Hoffmann, la enlace de la administración de Lula con el parlamento, estuvo de acuerdo en que se necesitaba una acción coordinada, pero señaló una reciente batida contra el lavado de dinero como un ejemplo de la acción del gobierno federal contra el crimen organizado.
El vicepresidente Geraldo Alckmin y varios ministros se reunieron el martes por la tarde en respuesta a la operación. El jefe de gabinete Rui Costa solicitó una reunión de emergencia en Río el miércoles, con su asistencia así como la del ministro de Justicia, Ricardo Lewandowski.
Surgida de las prisiones de Río, la banda criminal Comando Vermelho ha expandido su control en las favelas en los últimos años.
Río ha sido escenario de redadas policiales letales durante décadas. En marzo de 2005, unas 29 personas murieron en una en la región de Baixada Fluminense de Río, mientras que, en mayo de 2021, 28 personas murieron en la favela de Jacarezinho.
Aunque la operación policial del martes fue similar a las anteriores, su escala fue sin precedentes, señaló Luis Flavio Sapori, sociólogo y experto en seguridad pública de la Pontificia Universidad Católica de Minas Gerais.
“Lo que es diferente en la operación de hoy es la magnitud de las víctimas. Estos son números de guerra”, comentó.
Argumentó que este tipo de operaciones son ineficaces porque no suelen capturar a los cabecillas, sino que se enfocan en subordinados que luego pueden ser reemplazados.
“No basta con entrar, intercambiar disparos y salir. Falta estrategia en la política de seguridad pública de Río de Janeiro”, expresó Sapori. “Algunos miembros de bajo rango de estas facciones son eliminados, pero esos individuos son reemplazados rápidamente con otros”.
El Instituto Marielle Franco, una organización sin fines de lucro fundada por la familia de la concejala asesinada, de la cual toma su nombre, para continuar su legado de lucha por los derechos de las personas que viven en las favelas, también criticó la operación.
“Esta no es una política de seguridad pública. Es una política de exterminio, que convierte la vida cotidiana de las personas negras y pobres en una ruleta rusa”, señaló en un comunicado.
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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

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