Maricarmen se queda en su piso de alquiler, al menos de momento. La justicia ha aplazado la ejecución la orden de desahucio de la vivienda, en el centro de Madrid , prevista para este miércoles, a la espera de que presente nueva documentación sobre su situación de vulnerabilidad. La mujer, de 87 años y con un 50% de minusvalía , lleva viviendo allí casi siete décadas, desde que en 1956 su familia firmó un contrato de renta antigua. En 2020, tal y como ella mismo contó, Urbagestión compró el edificio completo y ahora le exige "un alquiler de 2.650 euros". "Lógicamente, con mi pensión de 1.450 euros no puedo pagar", lamenta la inquilina .

Entonces se inició un proceso judicial que parecía que acabaría este miércoles con su salida del domicilio, ubicado en la calle Alcalde Sainz

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