Cuatro inversores de Mendoza consiguieron que la Justicia aceptara una propuesta económica que hicieron en concepto de reparación por “cheques impagos” en perjuicio de firmas ganaderas y además deberán cumplir tareas comunitarias en una iglesia de Luján de Cuyo.

La jueza de Garantía N° 2, Agustina Dopazo Samper, resolvió hacer lugar a la suspensión del juicio a prueba (probation) solicitada por la defensa de los imputados y dispuso un depósito de 50 millones de pesos por el daño ocasionado. La medida fue rechazada por los dos representantes de las firmas afectadas al considerar insuficiente la reparación ofrecida y desproporcionada en relación con el daño que entienden es superior a los 300 millones de pesos.

La audiencia se desarrolló este martes en la Sala de Oralidad N° 1 de la ciudad

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