Hoy se llevará a cabo en Nueva York la audiencia de apelación en el juicio por la expropiación de YPF. Argentina busca revertir un fallo condenatorio de la jueza Loretta Preska, que obliga al país a pagar 16.000 millones de dólares en concepto de resarcimiento. Esta cifra, que incluye intereses acumulados desde 2023, asciende a aproximadamente 18.000 millones de dólares, un monto que representa un desafío significativo para la economía argentina, que enfrenta incertidumbre y escasez de divisas. La audiencia se desarrollará en el Thurgood Marshall United States Courthouse, en el sur de Manhattan, y estará a cargo de los jueces José Cabranes, Denny Chin y Beth Robinson. Durante la sesión, tanto Argentina como Burford Capital, el fondo inglés que adquirió los derechos para litigar, presentarán sus argumentos. YPF, que fue eximida de la demanda hace dos años, también tendrá la oportunidad de exponer su posición. El proceso judicial, que se inició hace más de una década, ha atravesado cuatro mandatos presidenciales en Argentina y se ha convertido en el mayor litigio en la historia de Estados Unidos contra un Estado soberano. La causa se originó tras la expropiación de YPF en 2012, durante la presidencia de Cristina Kirchner, y ha acumulado fallos adversos para el país. Se espera que la audiencia sea breve, aunque intensa. Burford ha advertido que "intentar inferir la inclinación de un juez a partir de su comportamiento durante la audiencia no es un método confiable". El equipo de defensa de Argentina estará encabezado por los subprocuradores de la Procuración del Tesoro de la Nación, Juan Ignacio Stampalija y Julio Pablo Comadira, junto con el estudio Sullivan & Cromwell LLP. La estrategia de la defensa se centrará en cuestionar la jurisdicción de los tribunales estadounidenses y en impugnar tanto el monto total de la sentencia como el cálculo de los intereses. Fuentes cercanas a la Procuración del Tesoro han señalado que "este juicio nunca debió hacerse en EEUU, no tiene jurisdicción". El desenlace de la apelación no tiene una fecha definida, y se estima que la Cámara podría tardar hasta siete meses en decidir. En caso de que la sentencia se mantenga, Argentina podría apelar ante la Corte Suprema de Estados Unidos. Si se recalcula el monto de la condena, se estima que podría reducirse a alrededor de 5.000 millones de dólares. La audiencia se celebra en un contexto de volatilidad en los mercados y expectativas sobre cambios en la política económica argentina.