La Corte Constitucional le pegó un duro regaño a la Unidad Nacional de Protección (UNP) por haber reducido algunos esquemas de seguridad de líderes sociales sin haber hecho un estudio previo del riesgo que corrían estas personas. Sin embargo, al revisar de fondo varios casos, el alto tribunal encontró que la entidad no tiene el presupuesto necesario para garantizar la protección efectiva de líderes y pidió al gobierno nacional inyectarle dinero a la UNP para proteger a estas personas.

Las alertas lanzadas por la corte y la petición hecha al gobierno surgieron de tutelas de líderes sociales que llegaron al alto tribunal en contra de la UNP, la cual, según los líderes sociales, les había vulnerado algunos de sus derechos fundamentales al haberles reducido sus esquemas de protección sin adel

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