Triple ofensiva de los Comuns contra las compras especulativas de inmuebles. Después de que se conociera el informe público firmado por el abogado Pablo Feu que avala la legalidad de prohibir este tipo de adquisiciones, la formación llevará iniciativas a todas las administraciones para avanzar en esta vía. Lo hará desde el Gobierno central y también en el Ayuntamiento de Barcelona, mientras que en el Parlament de Catalunya registrará una ley para restringir las compras de segundas viviendas que estén destinadas a inversión y no a la residencia propia o de familiares directos.

Estas prohibiciones, según el informe jurídico citado, deberían ser siempre temporales y en zonas de mercado tensionado. En este momento la ley de vivienda ya permite declarar estas áreas donde el precio de los alquileres está intervenido. De lo que se trataría ahora, explican los Comuns, es de aplicar también una regulación a la compra en estas mismas zonas.

“Una familia, una casa”, ha defendido Jéssica Albiach, que ha asegurado que el hecho de que un 60% de las compras de vivienda sean sin hipotecas demuestra que no se están adquiriendo para vivir sino para especular. Según Albiach, la proposición de los Comuns buscará una modificación no de la legislación catalana en materia de vivienda, sino en materia de urbanismo. Una fórmula para garantizar que las competencias son autonómicas.

La idea de la formación no es cargar contra las segundas residencias, sino limitar la compra de vivienda con el objetivo de invertir. Para ello, la norma permitiría tener una segunda casa, siempre y cuando estén en municipios diferentes y no se obtengan rentas de ella. También se permitiría la compra de pisos para la residencia de un familiar de primer grado, como puden ser padres, hijos o hermanos, además de parejas.

En el caso de los compres de edificios completos, estos estarían permitidas siempre y cuando se ofreciesen en régimen de alquiler asequible y al precio regulado, unos requisitos que en el partido consideran que ya impide la especulación.

Así lo ha explicado la líder de los Comuns en el Parlament, Jéssica Albiach, que ha comparecido en Barcelona junto al ministro de Consumo, Pablo Bustinduy, y la representante del partido en el Ayuntamiento de la capital catalana, Janet Sanz.

“La especulación no es una actividad individual sino una lógica de mercado”, ha asegurado Bustinduy, quien ha recordado que “ya no basta con comentar y apoyar a la sociedad civil que se levanta” contra esta situación. “Hay que actuar”, ha dicho el ministro, que ha recorado que en este momento hay sobre la mesa una propuesta para introducir una prórroga al conjunto de los contratos de alquiler que están a punto de caducar este año.

Bustinduy, por su parte, ha anunciado que también desde Sumar llevarán a cabo su propia campaña contra las compras especulativas de vivienda en el seno del Gobierno central. El ministro defenderá, ha dicho, una fiscalidad especial que desincentive este tipo de compras, que deberá negociar con el PSOE, igual que la prohibición de las compras especulativas a nivel del Estado.

Finalmente, en el caso de Sanz, la intención de los Comuns es situar la prohibición de este tipo de compras dentro de un plan especial de vivienda a nivel del consistorio. Esta será, además, una condición para aprobar los presupuestos de Jaume Collboni, después de que en los últimos meses Comuns y PSC se hayan distanciado mucho en esta materia.

“Mañana tenemos un pleno importantisimo en el que reclamaremos al alcalde Collboni que elabore un plan de usos para evitar la compra especulativa. Porque lo puede hacer”, ha asegurado Sanz, que ha relatado durante su comparecencia que ella misma ha sido expulsada del barrio del Poble-séc, desde donde comparecían, debido a un contrato de alquiler temporal.

Las tres iniciativas surgen a raíz del estudio elaborado el abogado especializado en vivienda Pablo Feu por encargo del PEMB, que es a su vez una asociación promovida por el Ayuntamiento de Barcelona y el Área Metropolitana de Barcelona (AMB). Según este jurista, la regulacón tendría encaje en la Constitución y en las leyes de urbanismo siempre que sea con carácter “excepcional, territorial y temporal”, además de que podría ser promovida desde cualquier institución, ya que a su juicio se está produciendo una infracción de la legalidad urbanística.

La semana pasada la CUP preguntó al president de la Generalitat, Salvador Illa, su opinión al respecto de este informe. Illa aseguró que había pedido a su consellera de vivienda estudiar el docuemnto y, añadió, que lo estudiarían “igual que el resto de opciones” para solucionar la crísis de la vivienda. Unas palabras que sonaron bien a los Comuns que, sin embargo, quieren aterrizar esta declaración de intenciones.

Fuentes de la formación explican que, por el momento, no han mantenido contactos con el resto de fuerzas de izquierdas en Catalunya para una proposición de ley que necesitará de su respaldo, pero que lo harán tan pronto como registren su iniciativa. Esta misma semana PSC, ERC, Comuns y CUP han unido sus votos para aprobar en comisión la regulación del precio del alquiler de temporada, una medida pionera en España pero que aún deberá pasar por el tamiz de la constitucionalidad.