El caso del abogado Richard Gómez Vargas representa una advertencia sobre los riesgos de exigir transparencia en la administración pública. El Consejo de Estado reivindicó su ejercicio de veeduría ciudadana.

Todo comenzó durante el proceso de elección del contralor Departamental de Caldas para el periodo 2022-2025 . Gómez Vargas, aspirante al cargo, denunció presuntas irregularidades en la selección, entre ellas falta de transparencia y posibles vicios de procedimiento.

Como abogado, interpuso 20 acciones de tutela , convencido de que hacía uso del derecho a la participación ciudadana y el control sobre lo público.

Sin embargo, en lugar de que se abriera una investigación sobre las denuncias , el abogado terminó siendo blanco de una denuncia disciplinaria interpuesta por el

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