El Gobierno de Pedro Sánchez dejó de pagar en 2020 al Govern entonces dirigido por la hoy presidenta socialista del Congreso, Francina Armengol , el gasto sanitario de los presos de Baleares y ya adeuda por este concepto 8,3 millones, cuyo desembolso no está contemplado por el Ejecutivo central.

La asistencia sanitaria a las personas privadas de libertad es prestada por el Servicio de Salud de las Islas Baleares (IB-Salut). Esto incluye la asistencia en hospitales y centros de especialidades, con el desplazamiento de internos cuando es necesario a estos centros, o el traslado de algunos especialistas a los propios centros penitenciarios, con el fin de evitar la siempre compleja y controvertida salida de la cárcel de los internos.

Asimismo, los establecimientos penitenciarios están incluidos en la planificación de programas de actividades de promoción, protección de la salud y de educación para la salud de la comunidad autónoma, que facilita las correspondientes pruebas de cribado.

La distribución constitucional de competencias en materia penitenciaria atribuye al Ministerio del Interior, a través de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias , la administración y el régimen de las instituciones a su cargo, siendo una de sus competencias velar por la vida, la integridad y la salud de los internos.

Según el artículo 209 del reglamento penitenciaria es la Administración Penitenciaria la que mantiene, en los establecimientos dependientes, la cobertura sanitaria correspondiente al nivel de Atención Primaria de la Salud.

Ante la falta de pago de las liquidaciones emitidas por el IB-Salut a la Administración Penitenciaria Estatal, derivadas de la prestación de asistencia sanitaria a internos, todas las facturas pendientes se han remitido desde la Conselleria de Salut a la Agencia Tributaria de las Islas Baleares para su gestión recaudatoria vía ejecutiva.

En estos momentos constan pendiente de pago una interminable lista de facturas que superan las 14.000 liquidaciones, con un importe principal de más de seis millones de euros, más los pertinentes recargos de apremio e intereses de demora por el tiempo transcurrido, con una deuda total de 8,3 millones que no cesa de crecer.

La Agencia Tributaria de las Islas Baleares (ATIB) ha remitido sucesivos requerimientos de pago a la Administración Estatal, informando de las deudas y medios de pago disponibles, pero sin que hasta la fecha haya tenido efecto alguno para su desembolso, y ni tan siquiera se haya entablado una negociación para buscar una fórmula de liquidación de este abultado volumen de facturas.

En ausencia de actuaciones por parte de la Administración estatal, l a deuda sigue incrementándose progresivamente, mientras que el IB-Salut sigue remitiendo a la ATIB nuevas liquidaciones por los servicios sanitarios prestados a los internos.

Mientras se resuelve o no la siempre controvertida transferencia de la atención sanitaria en las instalaciones penitenciarias a las comunidades autónomas (la mayoría reacias a esta posibilidad por la siempre temida insuficiencia de la financiación estatal) la deuda en esta materia del Gobierno de Sánchez ni es exclusiva de Baleares, ni es la de mayor cuantía.

Sin ir más lejos, hasta 33 millones de euros debe el Ejecutivo socialista a la Comunidad de Madrid por la atención sanitaria a los reclusos, y por ahora como sucede en el caso del Govern, no parece que el Gobierno de Sánchez vaya a saldar la deuda con este gobierno autonómica, también liderado por el PP.