La justicia catalana ha dictado una resolución histórica. Por primera vez, un tribunal ha reconocido a los castellanohablantes como un grupo vulnerable, y los señala como un objeto de discriminación y odio dentro del sistema educativo de Cataluña.

En concreto, el caso está relacionado con el acoso que sufrió en redes sociales la familia de Canet de Mar, que en 2021 pidió que se garantizara un 25 % de clases en castellano para su hijo . A raíz de esa denuncia, los padres fueron blanco de insultos y amenazas en internet.

En la sentencia, el tribunal considera que el acusado difundió mensajes en redes que fomentaban el acoso, la hostilidad y la persecución hacia la familia "por pertenecer a un grupo determinado, en cuanto a personas que defendían el aprendizaje de la lengua de España

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