El Ejército de Israel inició el pasado miércoles una investigación penal por un vídeo filtrado a la prensa local en julio de 2024 en el que se muestra a guardias de prisión presuntamente abusando de un gazatí detenido en la cárcel israelí de Sde Teiman.

Dicha investigación, sin embargo, está centrada en la filtración y no en el contenido abusivo de las imágenes. El Ejército sospecha que habría llegado al Canal 12 de Noticias mediante personas cercanas al jefe de Policía y altos cargos de la Fiscalía General Militar.

En el vídeo, por el que cinco soldados reservistas fueron acusados el verano pasado, se ve a soldados en Sde Teiman apartando a un detenido y rodeándolo con escudos antidisturbios -para impedir la visibilidad- mientras es sodomizado con un objeto punzante.

El preso palestino víctima de los abusos “llegó al hospital con una condición potencialmente mortal y con lesiones en la parte superior del cuerpo y una lesión grave en el recto”, reveló entonces la ONG israelí Médicos por los Derechos Humanos.

Este domingo, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, calificó la filtración del vídeo como “el ataque propagandístico más severo” contra Israel desde su creación.

“El incidente causó un enorme daño a la imagen del Estado de Israel, del Ejército y de nuestros soldados. Este es quizás el ataque propagandístico más severo que el Estado de Israel ha sufrido desde su fundación. No recuerdo uno tan específico. Esto exige una investigación independiente e imparcial, y espero que así sea”, aseveró el mandatario israelí en un comunicado.

La jefa jurídica del Ejército filtró el vídeo

Yifat Tomer-Yerushalmi, jefa jurídica del Ejército israelí, declaró este viernes, en su carta de renuncia, ser la responsable de la filtración del vídeo.

“Autoricé la divulgación del material a los medios de comunicación en un intento por contrarrestar la falsa propaganda dirigida contra las autoridades militares encargadas de hacer cumplir la ley”, dice Tomer-Yerushalmi en la misiva, según una copia difundida en X a la que tuvo acceso EFE.

La abogada militar es la responsable de enjuiciar y hallar violaciones del derecho internacional dentro del Ejército israelí y, según las informaciones, adoptó esta decisión para contrarrestar las interferencias -lideradas por ministros ultranacionalistas, periodistas y figuras políticas israelíes- para evitar que la Fiscalía militar investigase la prisión de Sde Teiman.

“Asumo plena responsabilidad por cualquier material que se haya divulgado a los medios de comunicación desde dentro de la unidad”, afirma en la carta, y añade que “de esta responsabilidad se deriva también mi decisión de concluir mi mandato como abogada militar general”.

El ministro de Defensa de Israel, Israel Kazt, anunció que Tomer-Yerushalmi no regresaría a su puesto, “dada la gravedad de las acusaciones en su contra”.

“Me aseguraré de que se haga justicia con todos los que participaron en la difamación de sangre contra los soldados de las Fuerzas de Defensa en el caso Sde Teiman”, advirtió Katz en un anuncio el jueves.

Además, el ministro de Justicia está intentando que la fiscal general de Israel, Gali Baharav-Miara (a la que Netanyahu quiere destituir por sus numerosos dictámenes contra sus políticas), no sea la responsable de la investigación, pero esta insistió hoy en una carta que el ministerio “carece de la autoridad” para vetarla.

Muere un preso palestino de 63 años tras pasar más de uno en una cárcel israelí

Las autoridades israelíes informaron a las principales organizaciones de presos palestinos de la muerte del cautivo Muhammad Ghawadra, de 63 años, tras pasar más de un año en la cárcel de Ganot (en el desierto del Néguev, al sur de Israel), anunciaron el Club de Presos Palestinos y la Comisión de Asuntos de los Detenidos y Exdetenidos.

El comunicado de ambas organizaciones no recoge cuándo murió Hussein exactamente o detalles sobre su muerte, de los cuales Israel no siempre las informa. Sí recoge que Ghawadra fue detenido el 6 de agosto del 2024.

“Es importante resaltar que el mártir Muhammad Ghawadra es el padre del detenido administrativo Sami Ghawadra, y el padre del prisionero liberado Shadi Ghawadra, que fue deportado a Egipto como parte del acuerdo de intercambio de prisioneros que tuvo lugar anteriormente este año”, recoge el comunicado conjunto de la Comisión y el Club de Presos.

Shadi Ghawadra fue liberado durante el anterior alto el fuego, en febrero de este mismo año, y antes estaba condenado a cadena perpetua en una cárcel israelí. Su otro hijo, Sami, permanece detenido bajo el sistema de “detención administrativa” de Israel, con el cual un palestino puede ser detenido sin cargos y su cautiverio puede renovarse en periodos de seis meses de forma indefinida.

Todos ellos proceden de la gobernación de Yenín, en el norte de Cisjordania ocupada y un reconocido foco de la conocida como resistencia palestina, en referencia a las milicias que allí se enfrentan a las tropas israelíes.

El grupo islamista Hamás denunció en un comunicado su muerte y la situación de los presos: “Esto es el resultado de la negligencia médica, la tortura y el tratamiento brutal practicado por la Administración de Prisiones como parte de la política sistemática dirigida a romper su voluntad y resiliencia”.

En total, ya son 81 los palestinos que han muerto durante su paso por las cárceles israelíes. En la mayoría de casos, Israel no detalla cómo o cuándo murieron.

“Este periodo en la historia del movimiento de prisioneros es el más sangriento desde 1967, con el número de muertos identificados alcanzando 318 (desde entonces)”, recoge el comunicado del Club de Prisioneros y la Comisión de Asuntos de los Detenidos.

Estas aseguraron además que Israel mantiene en su poder los cadáveres de 89 presos palestinos fallecidos durante su paso por prisión. Del total, 78 han perdido la vida desde el 7 de octubre de 2023, cuando Israel endureció las condiciones de los presos en represalia por el ataque de los milicianos gazatíes en esa fecha.

Los presos palestinos denuncian habitualmente los malos tratos sufridos en las cárceles de Israel, donde soportan abusos como palizas e incluso torturas, así como privación del alimento, el sueño o recursos para la higiene personal.