La gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, ha expresado su profunda preocupación por la reciente invasión de predios en poder de la Sociedad de Activos Especiales (SAE). Esta situación podría desencadenar problemas de orden público, especialmente debido a la falta de coordinación entre la Agencia Nacional de Tierras (ANT) y los gobiernos locales y departamentales.

Toro ha señalado que la llegada de reclamantes de tierras de otras regiones ha provocado enfrentamientos con solicitantes locales. El Valle del Cauca, que alberga una gran cantidad de predios en manos de la SAE debido a la actividad del narcotráfico, se ha convertido en un foco de atención para comunidades del suroccidente que buscan tierras. Según la ANT, hay 76.000 solicitudes de adjudicación registradas, lo que evidencia la necesidad urgente de soluciones para las familias campesinas.

La gobernadora ha solicitado a la ANT que priorice a los reclamantes de tierras del Valle sobre aquellos que llegan de otras regiones. "La ANT no ha logrado articular muy bien ni con los entes municipales ni con la Gobernación del Valle para lograr que esos predios sean ocupados por campesinos, indígenas o afrodescendientes del Valle Cauca", afirmó Toro.

En el Valle del Cauca, existen 130 consejos comunitarios, de los cuales 86 han solicitado tierras a la ANT durante varios años. Entre ellos, hay 16 cabildos indígenas que llevan esperando desde hace dos años. Toro ha criticado que, en lugar de atender estas solicitudes, la ANT ha estado comprando tierras de la SAE, lo que ha atraído a personas de otras regiones y ha generado conflictos.

La ANT, por su parte, ha defendido su labor, afirmando que están cumpliendo con sus funciones legales en la adquisición y entrega de tierras a comunidades étnicas y campesinas. Han adquirido cerca de 18.000 hectáreas en el departamento y están a la espera de coordinar con la Fuerza Pública para recuperar predios ocupados irregularmente.

La gobernadora también ha advertido sobre el riesgo de trasladar comunidades a áreas protegidas, lo que podría amenazar la gestión del riesgo hídrico en el Valle. Ha mencionado un caso en el que se compró un predio en una zona alta sin recursos básicos, donde se planea llevar a 19 familias en condiciones inhumanas.

Toro ha propuesto que, si se asignan tierras de la SAE a campesinos vallecaucanos, la gobernación podría apoyar y subsidiar proyectos productivos. Sin embargo, ha lamentado la falta de articulación con la ANT, que no ha convocado las mesas de tierras prometidas.

Finalmente, la ANT ha indicado que en el Valle aún quedan predios baldíos y que, cuando se identifica ocupación por parte de personas o empresas no sujetas a reforma agraria, se inician procesos de recuperación para devolver esas tierras a la Nación y destinarlas a comunidades rurales.