Creado: 03.11.2025 | 08:02

Actualizado: 03.11.2025 | 08:02

Lo que nació como una medida excepcional para afrontar una emergencia sanitaria se ha convertido, tres años después, en el salvoconducto perfecto para el gasto público discrecional. Las normas aprobadas durante el Covid, que permitían agilizar compras y reasignar partidas presupuestarias sin los controles habituales, siguen plenamente vigentes. Lo que debía ser una herramienta temporal se ha transformado en un atajo permanente que el Gobierno de Pedro Sánchez utiliza para sortear la falta de presupuestos y la necesaria fiscalización parlamentaria. Hasta 2020, solo podía modificarse el gasto público por razones de urgencia debidamente justificadas. Hoy, esa exigencia se ha evaporado. El Ejecutivo ampara sus decisiones en una

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