México enfrenta un problema brutal y de urgente atención política, social, ambiental y económica: mientras millones de personas padecen cortes y sequías, otros —particulares, industrias irregulares y mafias locales— roban el agua del subsuelo o de la red pública como si se tratara de un botín personal.

A ese fenómeno se le ha llamado “huachicoleo del agua”, y durante años fue un secreto a voces, tolerado por gobiernos que preferían mirar hacia otro lado.

Esa época parece haber terminado. La presidenta Claudia Sheinbaum ha decidido enfrentar el problema con la misma seriedad con la que antes se combatió el robo de combustibles.

Pero su estrategia va más allá de la vigilancia o de las sanciones: se trata de una política de Estado que coloca al agua en el centro del proyecto de justicia so

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