El incumplimiento por Israel de peticiones y órdenes de la Corte de La Haya coloca la pelota en el tejado de la ONU, donde hay herramientas para suspender a Israel, como exige la relatora de Naciones Unidas y como se hizo con la Sudáfrica del apartheid

La población de Gaza teme que Israel convierta la línea del frágil alto el fuego en una nueva frontera permanente

Y ahora, ¿qué? ¿No es posible prevenir, detener y sancionar un genocidio, como exige el derecho internacional? ¿Qué instrumentos existen para presionar a un Estado cuando comete crímenes masivos y aplica un sistema de apartheid?

El presidente de Estados Unidos y los gobiernos que apoyan su proyecto para Gaza transmiten la idea de que el asunto está encarrilado, dando a entender que el plan Trump es la ruta más conveniente. Sin embargo, la realidad en el terreno es diferente.

Israel viola de forma cotidiana el alto el fuego en Gaza, afianza una ocupación ilegal y consolida la expulsión de la población palestina de más de la mitad de la Franja por un tiempo indefinido, sin plazos. Desde el inicio de la tregua hace tres semanas ha matado a 239 personas, entre ellas decenas de niños y niñas, y ha herido a más de seiscientas.

Además, mantiene el bloqueo a la entrada de la ayuda necesaria. Solo ha permitido el ingreso en la Franja de unos 145 camiones al día, muy por debajo de los seiscientos acordados y de los mil al día que se necesitarían en el contexto actual.

El plan de EEUU para Gaza adjudica el 53% de la Franja al Ejército israelí, sin fecha de caducidad. Israel lo está usando para trazar una nueva frontera de facto, la línea amarilla. La relatora de Naciones Unidas para Palestina lo ha llamado “ocupación disfrazada”.

Mientras tanto, en Jerusalén Este y Cisjordania Israel despliega un sistema de apartheid y un proyecto de anexión territorial de facto, ayudado por el reconocimiento estadounidense de Jerusalén como capital israelí, una clara violación de las resoluciones de la ONU al respecto.

La pelota está ahora en la cancha de los órganos de Naciones Unidas para decidir qué acción tomar, si corresponde, usando las conclusiones de la Corte para lograr una solución justa, duradera y completa de la cuestión palestina

Suspensión de Israel de la ONU

Israel acaba de rechazar públicamente la nueva petición de la Corte Internacional de Justicia para que permita la entrada en Gaza de toda la ayuda necesaria, incluida la de la Agencia UNRWA.

Ante estos incumplimientos reiterados, hay propuestas de acción planteadas por la Corte de La Haya, por la Asamblea General de la ONU, por la Comisión de Investigación asignada por este organismo, por la relatora de Naciones Unidas para Palestina o por la máxima autoridad académica de expertos en genocidio.

En sus aportaciones al nuevo pronunciamiento de la Corte Internacional de Justicia, uno de los jueces de dicho tribunal, Dire Tladi, indica que “la pelota está ahora en la cancha de los órganos políticos de Naciones Unidas para decidir qué acción tomar”, “usando las conclusiones de la Corte, para lograr una solución justa, duradera y completa de la cuestión de Palestina”.

En 1974 la Comisión de Verificación de Poderes recomendó aceptar las credenciales para la Sudáfrica del apartheid, pero la mayoría de la Asamblea General de la ONU votó en contra de ese informe, lo que supuso la suspensión de Sudáfrica

En su nuevo informe, presentado la pasada semana, la relatora de la ONU para Palestina, Francesca Albanese, exige la suspensión de Israel de Naciones Unidas. No se trataría de una expulsión -algo que solo puede permitir el Consejo de Seguridad, donde EEUU vetaría la propuesta- sino de una suspensión de sus credenciales, como se hizo con la Sudáfrica del apartheid en 1974.

Es una vía para presionar y aislar diplomáticamente a un país cuando comete crímenes masivos de forma reiterada y cuando incumple e ignora a Naciones Unidas, como es el caso de Israel.

En el mismo sentido se han expresado varios juristas, como el profesor de Derecho en la Universidad británica SOAS, Nimer Sultany: “Ahora que está claro que Israel violó estas obligaciones básicas, es hora de la que la Asamblea de Naciones Unidas retire el asiento de Israel en la misma, suspendiendo sus credenciales”.

En 1974 la Comisión de Verificación de Poderes recomendó aceptar las credenciales para la Sudáfrica del apartheid, pero la mayoría de la Asamblea General de la ONU votó en contra de ese informe, lo que en la práctica supuso la suspensión de la participación de Sudáfrica hasta 1994, cuando fue readmitida tras la caída del régimen de apartheid.

La obligación de prevenir el genocidio no se ha detenido

Suspender relaciones

En el informe presentado el pasado martes, titulado “Genocidio en Gaza: un crimen colectivo”, la relatora de la ONU, Francesca Albanese, señala la complicidad con el genocidio israelí de numerosos países, “principalmente occidentales”.

Por ello solicita a los países suspender sus relaciones armamentísticas, comerciales y diplomáticas con Israel para dejar de “contribuir a consolidar el sistema colonial de apartheid que ha derivado en genocidio”. Asimismo, exige la investigación y el procesamiento judicial de individuos y organizaciones que hayan podido contribuir a los crímenes israelíes o a su incitación, así como medidas para garantizar la reparación, la reconstrucción y el regreso de la población palestina expulsada y desplazada.

Además, exhorta a los pueblos del mundo a vigilar a sus gobiernos y a seguir presionando para lograr medidas de boicot, desinversión y sanciones, como se hizo con la Sudáfrica del apartheid.

La violencia apocalíptica en Palestina indica a otros Estados que no hay consecuencias por matar de hambre a civiles y diezmar a sociedades enteras, lo que nos devuelve a la era de tierra arrasada de la contrainsurgencia colonial

Hoy en día el entramado del sistema colonial de ocupación y apartheid israelí está consolidado a través del Estado de Israel, pero en él participan también numerosas empresas que contribuyen a su refuerzo, proporcionando servicios a los asentamientos, al Ejército o a las instituciones que lo sostienen. Por eso las relaciones comerciales con empresas no armamentísticas y las transferencias de bienes civiles también pueden contribuir a la ocupación y el apartheid israelíes, según señala la relatora de Naciones Unidas.

Otro organismo asignado por la ONU, la Comisión de Investigación Independiente –que ha concluido en su informe que Israel comete genocidio desde 2023– recuerda que los países deben adoptar medidas para “prevenir, detener y sancionar” los crímenes masivos. Sus integrantes proponen, entre otros pasos, el cierre de las oficinas comerciales de los Estados en Israel, así como la suspensión de “cualquier acción que proporcione fondos que faciliten que los asentamientos israelíes sean más rentables o, al menos, más sostenibles”.

La presidenta de dicha Comisión, la jueza Navi Pillay, recordó la pasada semana que Israel es responsable de “cuatro formas de genocidio con la intención específica de destruir la vida palestina” en la Franja. Además, subraya que oficiales israelíes han respaldado planes “para la deportación de población” palestina y “cambiar la composición demográfica” en los territorios ocupados, con más asentamientos, anexión de territorio y “desplazamiento forzado”.

“Las recientes declaraciones de oficiales israelíes dejan claro que estos objetivos siguen vigentes. La obligación de prevenir el genocidio no se ha detenido”, ha recordado la jueza en la presentación de su último informe hace unos días. “Los Estados tienen que asegurarse de que no habrá más daño en Gaza y Cisjordania y usar la justicia universal, también sobre sus ciudadanos con doble nacionalidad que hayan cometido crímenes”.

Y si el Consejo de Seguridad se encuentra paralizado, esta Asamblea de la ONU debe actuar con más determinación que nunca, unidos por la paz

Resolución 377

El nuevo informe de la relatoría de Naciones Unidas también indica que los países deben reconocer el derecho de autodeterminación del pueblo palestino e impulsar la resolución Unión Pro Paz (377) (Uniting for Peace), aplicada por primera vez en 1950 para la guerra de Corea.