Los cuatro fiscales que han declarado este lunes en el juicio contra Álvaro García Ortiz han coincidido en un detalle crucial: el caso contra Alberto González Amador se tramitó con la rutina habitual de cualquier expediente de delitos económicos hasta que se conoció su vinculación con Isabel Díaz Ayuso. Ese momento marcó un punto de inflexión que convirtió un «fraude fiscal más» en un asunto de Estado con movilización nocturna de la cúpula de la Fiscalía.

Julián Salto , fiscal de la sección de delitos económicos de Madrid encargado del caso, ha sido el primero en declararlo explícitamente. Según su testimonio, había gestionado anteriormente otras conformidades con el abogado de González Amador, Carlos Neira, y « el asunto no parecía diferente , tratándose de un fraude fiscal más». Sin embargo, ha reconocido que le sorprendió « el repentino interés» cuando le informaron de que el administrador de la empresa investigada mantenía una relación con la presidenta madrileña.

La información sobre la vinculación con Ayuso no constaba en el expediente. Salto ha declarado que se la comunicó la fiscal decana de delitos económicos, Virna Alonso, en un momento en que el caso ya estaba en fase de negociaciones de conformidad con la defensa.

Polémica dación de cuentas

Pilar Rodríguez , fiscal jefa provincial de Madrid —que fue inicialmente imputada pero posteriormente exonerada por la Sala de Apelación del Supremo—, ha relatado cómo Diego Villafañe , hombre de confianza del fiscal general , la llamó informándole de que un periodista se había puesto en contacto con la Fiscalía preguntando si tenían un procedimiento abierto sobre la empresa del novio de Díaz Ayuso.

Ese contacto periodístico desencadenó el procedimiento de «dación de cuentas » [rendición de cuentas o explicación a los superiores] a la Fiscalía General del Estado. Almudena Lastra , fiscal superior de Madrid, ha confirmado que la primera noticia del caso le llegó el 7 de marzo cuando recibió una dación de cuentas de la fiscal jefe provincial sobre «un asunto de delitos económicos».

Lastra ha sido taxativa al negar conocimiento previo: no sabía de la existencia de un procedimiento contra la pareja de Ayuso , ni siquiera que la presidenta madrileña tuviera pareja , y ningún periodista le había consultado sobre el tema.

Diego Villafañe ha explicado que la causa de activar el procedimiento de dación de cuentas fue precisamente saber que «la persona denunciada parece ser la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid ». Ha establecido un paralelismo: «En un mismo contexto idéntico, activé el mismo artículo por otro supuesto idéntico, por ser la pareja sentimental del presidente del Gobierno», refiriéndose al caso Begoña Gómez.

El protocolo difuso

Villafañe dice que trabaja con un sistema de dación de cuentas con « normas parcas » y poco desarrollo reglamentario. Villafañe ha admitido que «la regulación es parca, sólo hay dos preceptos sin un desarrollo».

Pilar Rodríguez ha puesto como ejemplo las carpetas compartidas de la Fiscalía, a las que tienen acceso «499 personas», explicando que periódicamente debe recordar a sus compañeros: «Por favor, sacar de las carpetas documentación que la carpeta de guardia» pueda comprometer.

En ese listado de personas, como ha demostrado la asociación de fiscales APIF, a través de su letrado Juan Antonio Frago, hay varias personas fallecidas, fiscales en excedencia, fiscales separados del servicio o, entre otros, fiscales en otros destinos fuera de la Fiscalía madrileña.

La testigo ha confirmado que incluye a una fiscal fallecida en 2020 que «no, no podía» entrar, otra fallecida en agosto de 2023, otra persona separada del servicio en 2017, además de excedentes, jubilados y fiscales adscritos a otras fiscalías que teóricamente no tenían acceso real.

La naturalidad rota

El contraste entre la normalidad inicial y la posterior movilización ha quedado patente en varios testimonios. Lastra ha relatado que tras un acto de la Comunidad de Madrid, comentó informalmente a Julián Salto: «Vaya mala suerte que te haya tocado esto».

Fue Salto quien les explicó en uno pasillo «con toda naturalidad» que el caso « iba a acabar en una conformidad», que ya habían tenido conversaciones con el abogado Neira, y que «estaba hablado». Lastra ha subrayado que Salto «nos lo contó con toda naturalidad», sin anticipar la tormenta que se avecinaba.

Esa naturalidad se quebró la noche del 13 de marzo. Lastra ha declarado que a las 21:54 horas recibió una llamada de Salto « muy molesto porque le han sacado del partido» de Champions League para pedirle urgentemente la documentación del caso.

La pregunta que plantea el juicio es si esa transformación de un expediente rutinario en una crisis institucional justifica las actuaciones posteriores o si, por el contrario, evidencia una vulneración de la confidencialidad de las negociaciones judiciales por motivos ajenos al procedimiento. El testimonio unánime de los cuatro fiscales ha dejado claro que el apellido Ayuso fue el detonante que convirtió un fraude fiscal en un terremoto a todos los niveles.