LA PAZ, Bolivia (AP) — La expresidenta interina de Bolivia, Jeanine Áñez, salió el jueves de la cárcel en la que permanecía recluida desde hace más de cuatro años luego de que el Tribunal Supremo de Justicia anulara la condena en su contra a 10 años de prisión por incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución.

“Es volver a la vida”, dijo Áñez emocionada al salir de la prisión de mujeres de Miraflores, en el centro de La Paz. Y saludó sonriente y ondeando una bandera de Bolivia a un grupo de personas que le gritaban “Sí se pudo”.

“Yo di a mi patria todo lo que tenía que dar. Ha sido muy doloroso... me trataron como una verdadera delincuente”, agregó con la voz quebrada. Posteriormente anticipó que pedirá un resarcimiento, aunque no aclaró si se trata de una compensación económica.

La exmandataria fue condenada en junio de 2022 por haber asumido la presidencia en una cuestionada sesión de la Asamblea Nacional durante las letales protestas de 2019 que precipitaron la renuncia del entonces presidente Evo Morales (2006-2019).

Las manifestaciones —en las que murieron 37 personas— siguieron a la crisis desatada luego de las elecciones presidenciales en las que Morales se adjudicó un nuevo mandato y que fueron denunciadas como fraudulentas por la Organización de los Estados Americanos (OEA).

“Su proceder estuvo amparado por un estado de necesidad constitucional orientado a preservar la continuidad institucional del Estado boliviano”, sostuvo el fallo —que fue divulgado el miércoles— cerrando así un debate sobre si hubo un golpe de Estado contra Morales, como sostienen sus partidarios.

“Se tuvo que ir el monstruo para que se reconozca que en este país no hubo un golpe y lo que hubo fue un fraude electoral... Jamás voy a arrepentirme de haber servido a mi patria cuando mi patria lo necesitó”, expresó Áñez en referencia al izquierdista Movimiento al Socialismo (MAS), el partido de Morales y del saliente presidente Luis Arce.

Además de anular la condena, el máximo tribunal ordenó que sea sometida a un juicio político por las muertes durante su gobierno. Ese proceso debe ser aprobado por dos tercios de la Asamblea Legislativa.

La defensa de Áñez sostenía que no debió ser juzgada en una corte ordinaria sino en un proceso en la Asamblea Nacional por su condición de exmandataria.

La determinación del máximo tribunal se produjo a tres días de la investidura del presidente electo Rodrigo Paz tras su triunfo en el histórico balotaje del 19 de octubre que puso fin a casi 20 años de hegemonía del MAS.

La defensa y la familia de la expresidenta celebraron la determinación judicial y Áñez confirmó su asistencia a la investidura de Paz.

Áñez fue acusada de varios delitos, pero no tiene causas pendientes en la justicia ordinaria. En agosto, dos tribunales declararon la nulidad de otros dos juicios en su contra por la muerte de 20 manifestantes durante la crisis de 2019, los cargos más complicados que pesaban sobre la expresidenta.

El representante de las familias de los fallecidos, David Inca, rechazó el fallo. “En nuestro país no hay justicia, vamos a acudir a organismos internacionales”, dijo María Javier, otra representante de los familiares.

Los seguidores de Morales, en tanto, lo consideraron un mal precedente judicial.

Áñez fue aprehendida en marzo de 2021 cuando se encontraba en el departamento de Beni, en el norte de Bolivia. Luego fue trasladada hacia la ciudad de La Paz, donde se determinó su detención preventiva.

Luego de las últimas elecciones presidenciales la justicia ordenó verificar de forma inmediata el cumplimiento de los plazos de la prisión preventiva impuesta a Áñez y a otros dos líderes opositores, quienes salieron de la cárcel con detención domiciliaria.

En 2021 el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, conformado a instancias de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), responsabilizó a los gobiernos Morales y Áñez por la violencia que derivó en “masacres”, “torturas”, “ejecuciones sumarias” y “graves violaciones de los derechos humanos”.