El Día de Muertos volvió a teñirse de sangre. En Uruapan, Michoacán, el alcalde Carlos Alberto Manzo Rodríguez fue asesinado a tiros en plena plaza pública. La imagen es insoportable: la gente corre, los niños gritan, y otro funcionario municipal cae abatido frente a un país que parece haberse acostumbrado al horror.

Este crimen no es un hecho aislado. Es el reflejo de una crisis de seguridad política que lleva más de seis años sin control y que, lejos de disminuir, se ha vuelto rutina. Desde diciembre de 2018, cuando comenzó la llamada “Cuarta Transformación”, decenas de alcaldes, regidores, diputadas y exgobernadores han sido asesinados, muchos de ellos en circunstancias sospechosas o en medio de disputas con grupos criminales.

Basta mirar el caso de Martha Érika Alonso y Rafael Moreno

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