Este sábado se llevó a cabo la segunda jornada de formalización contra Gonzalo Migueles, Mario Vargas y Eduardo Lagos, en el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago. Los tres están imputados en la investigación del caso conocido como “Muñeca Bielorrusa”. Durante la audiencia, el Ministerio Público presentó un detallado relato sobre los supuestos pagos ilegales y maniobras financieras que habrían beneficiado al consorcio chileno-bielorruso Belaz Movitec en litigios contra Codelco entre 2023 y 2024, lo que obligó a la estatal a desembolsar más de $17.500 millones.

El fiscal adjunto de la Región de Los Lagos, Marco Muñoz, expuso que todos los fallos de la Corte Suprema que favorecieron al consorcio contaron con el voto de la exministra Ángela Vivanco. Se alega que ella habría intervenido a cambio de retribuciones económicas canalizadas a través de su pareja, Gonzalo Migueles, y los abogados Mario Vargas y Eduardo Lagos.

La Fiscalía sostiene que los imputados establecieron una estructura de pagos encubiertos mediante transferencias, compras de dólares y contratos simulados para ocultar el origen ilícito de los fondos. Se presentaron tres hitos financieros que vinculan las resoluciones judiciales con estos flujos de dinero. El primero ocurrió el 4 de julio de 2023, cuando la Corte Suprema falló a favor del consorcio, coincidiendo con transferencias por 79 millones al estudio de Vargas y Lagos, así como movimientos en dólares relacionados con Gonzalo Migueles.

El segundo hito se registró el 11 de diciembre de 2023, tras otro fallo favorable que implicó un pago de 4.400 millones desde Codelco al consorcio, de los cuales 198 millones fueron a parar al estudio jurídico. Posteriormente, se giró un cheque por 70 millones a Harold Pizarro, un cambista que admitió haber cambiado el dinero por dólares y entregarlo en efectivo en la oficina de Eduardo Lagos.

El tercer episodio, el 14 de marzo de 2024, mostró un flujo de 45 millones entregados en efectivo a Gonzalo Migueles, parte de los cuales fueron depositados por terceros. Los registros telefónicos ubicaron a los imputados en el estudio de abogados, y se georreferenció a todos en la zona de Las Condes, donde se encuentra el estudio de Lagos y Vargas.

La Fiscalía afirmó haber establecido la trazabilidad completa de los pagos y confirmó el uso reiterado de efectivo en dólares para evitar registros bancarios. Durante los allanamientos, se encontraron grandes sumas de dinero en efectivo en las viviendas y oficinas de los imputados.

El tribunal ha decidido reanudar la audiencia el lunes 10 de noviembre a las 09:00 horas, con una posible extensión hasta las 17:00. En la primera jornada de formalización, el Ministerio Público solicitó prisión preventiva para los tres imputados, acusándolos de cohecho, soborno y lavado de activos.