Una investigación de Anif publicada hace unas semanas en EL TIEMPO examina la litigiosidad contra el Estado. Señala que las pretensiones agregadas de las demandas contra las entidades nacionales, es decir, lo que reclaman los demandantes, ascienden a 753 billones de pesos y que las obligaciones que finalmente se ordenen podrían llegar a 29 billones.

El artículo mencionado le da visibilidad a una situación que, aunque poco conocida por la opinión pública, despierta las mayores preocupaciones en atención a los problemas que revela y a las amenazas que acarrea. Para decirlo en palabras claras: a pesar de las iniciativas que se han puesto en marcha para darle orden, la litigiosidad contra el Estado sigue siendo una bomba de tiempo que es preciso desactivar.

Hasta hace unos pocos años, la def

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