La violencia y la impunidad en México han despertado una ola de indignación social tras el asesinato de Carlos Manzo, alcalde de Uruapan, Michoacán, ocurrido el 1 de noviembre. Este crimen, que tuvo lugar frente a cientos de personas, ha puesto de manifiesto la crisis de seguridad que enfrenta el país. Javier Oliva Posada, profesor de la UNAM y experto en seguridad nacional, analizó los factores que perpetúan esta situación y la responsabilidad compartida entre las autoridades y la sociedad.

Oliva Posada destacó que la reacción pública ante crímenes como el de Manzo suele ir acompañada de promesas de justicia por parte de las autoridades. Sin embargo, la repetición de estos hechos ha generado un profundo escepticismo entre los ciudadanos. "Todos nos preguntamos qué habría de pasar para prevenirlos", afirmó, recordando que el edil había advertido previamente sobre amenazas de muerte.

El académico criticó la respuesta política, que se ha centrado en resolver los casos una vez ocurridos, en lugar de priorizar la prevención. Aunque se han movilizado fuerzas federales a Michoacán, Oliva Posada señaló que su presencia ha sido temporal y no siempre activa, lo que limita su efectividad.

Contextualizando la situación, el profesor mencionó los Protocolos de Palermo, ratificados por México en 2003, que establecen que el crimen organizado puede operar bajo condiciones de inacción, omisión o complicidad de las autoridades locales. En este sentido, Oliva Posada responsabilizó al gobernador Alfredo Ramírez Bedolla por la falta de acción efectiva en Michoacán, donde las protestas de productores reflejan la gravedad del problema.

El académico recordó que tragedias similares han motivado respuestas reactivas en el pasado, como el caso de los jóvenes de Salvárcar o el movimiento “Todos Somos Juárez”. Sin embargo, en Michoacán ya se han implementado al menos cuatro programas de seguridad sin lograr resultados sostenibles. Además, mencionó que otros estados como Tamaulipas, Sinaloa, Guanajuato, Guerrero y Colima enfrentan desafíos similares, con Colima siendo reconocida como la ciudad más violenta del mundo.

Oliva Posada subrayó que la incapacidad para contener la violencia se debe a la falta de esfuerzos efectivos y a la repetición de estrategias fallidas. En cuanto a posibles soluciones, destacó la importancia del compromiso social. Valora la decisión de la alcaldesa de Guadalajara de cancelar un concierto de Junior H, argumentando que la asistencia a eventos que glorifican la delincuencia normaliza la violencia. "Si sesenta mil personas van a ver a un artista como Peso Pluma, luego no se quejen de lo que están reproduciendo", afirmó.

El profesor también mencionó que en Morelos ya se han prohibido este tipo de eventos y que la sociedad debe asumir su parte de responsabilidad, ya sea al consumir productos pirata o al participar en economías ilegales. "El consorcio criminal es tal que hasta el agua están robando", enfatizó. Además, relató casos de extorsión en pequeños pueblos del Estado de México, donde comerciantes son obligados a vender mercancía robada bajo amenazas, y subrayó que la presencia de cámaras de seguridad no ha sido suficiente para frenar la violencia.