Un docente tolimense, identificado como Iván Felipe Cediel Marín, pensionado por invalidez desde 2023 y paciente oncológico, denunció públicamente una situación administrativa que califica como injusta, relacionada con un cobro de más de siete millones de pesos que la Gobernación del Tolima le exige devolver por supuestas incapacidades médicas.

Según explicó Cediel, al iniciar el trámite para el retiro de sus cesantías, le fue solicitado un paz y salvo expedido por la Gobernación. Sin embargo, la entidad reportó que debía reintegrar recursos correspondientes a incapacidades médicas. Ante esto, el docente interpuso derechos de petición tanto ante la Gobernación como ante la EPS Tolihuila (Emcosalud), donde —según afirma— le atribuyeron incapacidades que no coinciden con su número de cédula

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