Por Itzel Chan

M ÉRIDA, MX.- La diputada Neyda Pat Dzul presentó ante el Congreso del Estado la iniciativa conocida como Ley Alina, que busca garantizar que las mujeres que se defienden de una agresión violenta no sean criminalizadas por sobrevivir.

“Cuando una mujer se defiende, no está quebrantando la ley: está reclamando su derecho a vivir”, expresó la legisladora, al subir a tribuna acompañada de colectivas y organizaciones feministas que respaldan la propuesta.

La iniciativa plantea reformas al Código Penal y a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, para que las autoridades actúen con perspectiva de género, empatía y debida diligencia cuando una mujer repele una agresión física, sexual o feminicida.

Entre los puntos clave, se propone fortalecer los artículos 21 y 22 del Código Penal, de modo que en estos casos se presuma la legítima defensa y se eliminen trabas históricas como la exigencia de denuncias previas o antecedentes documentales.

Además, se establece que no se considerará exceso en la defensa cuando la mujer haya actuado bajo miedo, terror o desigualdad física, reconociendo la asimetría de poder en las agresiones.

“La justicia no puede seguir midiendo con los mismos criterios una pelea entre iguales y un acto desesperado por sobrevivir”, sostuvo la diputada Pat Dzul.

Un ejemplo de por qué se impulsa esta reforma es el de Itzel América Loría Poot, mujer originaria de Valladolid y madre de tres hijos, quien en marzo de 2020 se defendió de su pareja agresora tras más de 15 años de violencia.

Hoy cumple una condena de 30 años y dos meses de prisión, además del pago de un millón 797 mil pesos por reparación del daño. Su caso, acompañado por el Frente por los Derechos de las Mujeres en Yucatán, ha sido calificado como revictimizante e injusto, pues existen peritajes que confirman que actuó en defensa propia.

Durante el juicio, las juezas María Danila Dzul Tec, María del Socorro Tamayo Aranda y Manuela Francisca Chiú Dorantes del Tribunal Colegiado Segundo de Enjuiciamiento en Valladolid, desestimaron el contexto de violencia extrema que Itzel vivió desde la infancia, pese a que presenta Síndrome de Mujer Maltratada y cuenta con un dictamen psicológico que acredita el daño.

Una ley que responde a una deuda histórica

Además de las reformas penales, la Ley Alina amplía las órdenes de protección en la Ley de Acceso, incorporando medidas como atención médica inmediata, anticoncepción de emergencia, acompañamiento psicológico y jurídico, reserva de identidad y uso de herramientas tecnológicas de auxilio.

Estas órdenes podrán dictarse sin necesidad de denuncia previa, bastando con indicios o testimonios de riesgo, y deberán aplicarse bajo el principio de protección más amplia.

“Esta ley no busca impunidad, sino justicia con contexto y con verdad. La justicia no debe exigir que una mujer esté muerta para que le crean”, dijo Pat Dzul.

Organizaciones feministas han celebrado la presentación de la iniciativa, pero advirtieron que el reto será su aplicación efectiva: la capacitación de ministerios públicos, juezas y jueces para que los criterios de género sean una práctica real, no una formalidad.

“Una ley sin aplicación es solo un papel”, expresó una integrante del Frente por los Derechos de las Mujeres en Yucatán, al reconocer que los casos como el de Itzel evidencian que aún falta voluntad institucional. ( Noticaribe )