El Ministerio de Salud y Protección Social recordó, a través de un comunicado, que el sistema de salud enfrenta una crisis estructural heredada del modelo de aseguramiento instaurado hace más de 30 años con la Ley 100 de 1993, producto de una visión que convirtió la salud en un negocio y no en un derecho fundamental.

La Ley 100, advirtió el despacho de Guillermo Jaramillo, permitió que los recursos públicos quedaran en manos de intereses privados que hoy adeudan más de 32,9 billones de pesos a hospitales y clínicas. El Estado está al día con sus pagos; son las EPS las que siguen jugando con la salud de la gente.

El Gobierno del Cambio, según el Ministerio, ha respondido con hechos para evitar el impacto de dicha normativa:

- Aumentó el reconocimiento de la UPC en 33,7% entre 2022

See Full Page