El autor de esta columna analiza las reacciones que ha generado el dictamen N° 75 de la Superintendencia de Educación que fortalece la protección de los estudiantes prohibiendo expresamente sanciones a ellos por razones económicas. Sostiene que «la reacción pública de un sector de la sociedad frente a una regulación contundente y amparada por el derecho internacional, la Constitución y la ley, no debe ser sometida a retrocesos que pongan en peligro la protección de este importante derecho. No sólo porque el Estado tiene un deber de no regresión en materia de derechos fundamentales, sino porque también los niños, niñas y adolescentes de nuestro país son titulares de una protección reforzada en sus derechos».

Créditos de portada: Rodrigo Sáenz / Agencia Uno

El derecho a la educación en el

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