En el año 2000, mientras buena parte de América Latina aún debatía cómo mantener en pie las ficciones reguladoras heredadas de regímenes autoritarios o de modas keynesianas mal entendidas, España hizo algo que para muchos enamorados de las castas gremiales parecería impensado: desreguló el corretaje inmobiliario.

Lo hizo sin gradualismos, sin rodeos y sin necesidad de campañas de sensibilización ni pactos institucionales con las corporaciones. Lo hizo por decreto. Y paradójicamente al hacerlo, dejó en claro que el verdadero orden no surge del control, sino de la competencia genuina.

El Real Decreto-ley 4/2000, firmado por el entonces presidente José María Aznar , eliminó de cuajo la exigencia de título universitario y la obligatoriedad de pertenecer a un colegio oficial para operar como

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