Las autoridades municipales de los distritos tendrán la obligación de comunicar a organismos reguladores y de seguridad cualquier actividad comercial detectada en las calles relacionada con servicios de telefonía móvil. Estos reportes deberán dirigirse al OSIPTEL , a la Policía Nacional del Perú y al Ministerio Público para que ejecuten las acciones que correspondan.

El nuevo mandato proviene del Decreto Supremo 128-2025-PCM, que aprueba «Disposiciones Adicionales de la Ley 32451, que modifica la Ley 30096, de Delitos Informáticos y el Código Penal (Decreto Legislativo 635), respecto a la activación ilegal de líneas de servicios móviles y a la posesión ilegal de SIM Card». La norma fue publicada hoy en el diario oficial El Peruano y marca un nuevo enfoque en la coordinación interi

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