El Ayuntamiento de Barcelona estudiará en los próximos meses cómo impedir las compras de vivienda con fines especulativos, incluida su prohibición. La comisión de Ecología, Urbanismo y Movilidad lo ha aprobado con los votos de ERC, impulsor de proposición, y el PSC, además de la abstención de Junts y los Comuns. 

El Gobierno municipal de Jaume Collboni debe crear ahora, en un plazo de tres meses, una comisión no permanente de estudio para analizar esta regulación, destinada a limitar la compraventa de pisos cuya finalidad no sea la residencia del nuevo propietario. 

El debate sobre el veto a la compra de vivienda con fines especulativos, es decir, para alquilarla o venderla más cara a terceros, ha calado en Catalunya después de que lo señalara como viable jurídicamente un informe encargado por el Plan Estratégico Metropolitano de Barcelona (PEMB) . Ese estudio, presentado el pasado 10 de octubre, proponía regular este tipo de compras de vivienda de forma excepcional y temporal, vinculada su aplicación a la declaración de zonas tensionadas que prevé la Ley de Vivienda para fijar topes a los precios del alquiler. 

Desde entonces, partidos como los Comuns, ERC y la CUP han planteado su aplicación en Catalunya. A nivel autonómico, donde el president Salvador Illa se ha comprometido también a estudiarlo, los Comuns han registrado en el Parlament una ley para restringir las compras de segundas viviendas que estén destinadas a inversión y no a residencia propia. 

En el ámbito barcelonés, la medida también se ha discutido y votado. Los Comuns han puesto su implementación como condición para aprobar los Presupuestos de 2026 a Jaume Collboni. En este sentido, en el último plenario municipal lograron sacar adelante, con votos de PSC y ERC, una proposición que ya instaba al Gobierno municipal a desarrollar “los instrumentos urbanísticos necesarios” para limitar las compras especulativas en la capital catalana en un plazo de seis meses. 

De ahí que en la votación de este martes los Comuns se hayan abstenido, no por rechazo a la regulación, según ha argumentado la concejal Lucía Martín, sino por considerar que la comisión de estudio la ralentiza una propuesta que consideran urgente. 

Eva Baró, edil de ERC en la comisión, ha defendido la necesidad de una comisión para contrastar experiencias internacionales de regulaciones parecidas, como es el caso de Amsterda, y para buscar el mejor encaje chocar con el marco regulatorio actual. Por parte del PSC, Jordi Valls, teniente de alcaldía y responsable de Vivienda, ha defendido que el debate sobre esta medida es “importante” y que “ha llegado para quedarse”.