La propuesta plantea una regulación basada en niveles de riesgo —mínimo, limitado y alto— para los sistemas de inteligencia artificial, con el fin de garantizar transparencia, protección de datos personales, supervisión humana significativa y equidad. Además, prohíbe prácticas como la manipulación subliminal, la clasificación social generalizada y el uso indiscriminado de la biometría en espacios públicos, salvo en casos debidamente justificados y autorizados.

El proyecto también prevé la creación del Consejo Estatal de Inteligencia Artificial, un órgano consultivo y multisectorial que coordinará políticas públicas, lineamientos técnicos y evaluaciones de impacto social, así como la implementación de un Registro Estatal de Sistemas de Inteligencia Artificial (REESIA), que permitirá conoce

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